El fracaso de la Empresa Mixta Telefónica Argentina

En 1946, el gobierno peronista nacionalizó la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata, filial de la norteamericana International Telephone and Telegraph Corporation, que monopolizaba el servicio telefónico en Argentina.
Poco después, se ordenó la creación de la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), una sociedad mixta que se proponía combinar el aporte de capitales nacionales privados y del estado nacional.
Con esta medida, el gobierno peronista ambicionaba poner en marcha un nuevo modelo de organización empresarial en el país.

Introducción

La aplicación efectiva del control tarifario por parte del Estado, ratificada por la decisión de la Corte Suprema en 1939, modificó para los intereses privados las perspectivas del negocio. Lo que a su vez pronto se vio afectado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió el normal suministro de equipamiento, que seguía siendo principalmente importado (salvo algunas piezas y repuestos menores).
Esto impactó sobre la calidad del servicio, que se degradó notoriamente y quedó cada vez más relegado frente a una demanda creciente.
La primer consecuencia importante vino por el lado de la provisión de equipamiento.
En 1944, en acuerdo con las políticas de impulso a la producción industrial nacional puestas en marcha por el gobierno militar que asumió en 1943, la Standard Electric concretó la instalación de la primera planta local de fabricación de equipos de conmutación y repuestos.
La misma estuvo destinada originalmente a proveer a una sola empresa, su operadora vinculada Unión Telefónica, clara dominante del mercado.
No obstante, la incipiente producción local no fue suficiente para afrontar el déficit de explotación de esos años, que siguió en aumento ante la demanda creciente.
En la mayor parte de los países europeos la red estaba dominada por una única empresa estatal, que centralizaba la prestación de todos los servicios -Alemania, Francia, Inglaterra y España eran ejemplos de esta alternativa-.
En otros casos -Dinamarca, Finlandia e Italia, por ejemplo el Estado usó su poder monopólico para conceder permisos exclusivos para la prestación del servicio a varias firmas, en algunos casos privadas -como en Dinamarca-, y en otros estatales -como en Italia-.
Las consideraciones de eficiencia productiva también habían sido tomadas en cuenta a nivel institucional en el único caso de importancia donde se mantuvo la operación privada del servicio, los Estados Unidos.
Allí, el comentado dominio histórico de AT&T (que al control de las redes de larga distancia sumaba las veintidós operadoras regionales que integraban el Bell System) siguió enfrentando competencia menor de operadoras locales hasta la década de 1910, cuando la propia compañía propuso que un monopolio formal sería más adecuado y eficiente.
La propuesta finalmente fue aceptada por el gobierno norteamericano en 1913, a través del denominado  Compromiso Kingsbury, que fue justificado más bien como un límite al monopolio de facto que la empresa estaba alcanzando.
Desde entonces, la empresa fue objeto de regulaciones públicas sectoriales (recordemos, por parte de la Comisión Interestatal de Comercio y no del Estado Federal hasta la Communications Act de 1934), que incluían la fijación de las tarifas, la obligación de interconexión y venta de servicios a las pequeñas operadoras locales que subsistieron, y la aplicación de medidas antitrust para evitar que usufructuase los beneficios derivados de su situación monopólica para dominar otros mercados (lo que finalmente, décadas más tarde, desembocó en la obligación de su desmembramiento o divestiture en 1982).
En Argentina, en agosto de 1946 el gobierno peronista adquirió la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata (UT), filial de la norteamericana International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) que monopolizaba el servicio telefónico en la Argentina.
Al momento de la compra, la UT contaba con 519 mil líneas instaladas, que representaban cerca del 90% del parque telefónico total del país.
Poco después, el presidente Juan Domingo Perón y el jefe del equipo económico Miguel Miranda crearon la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), una sociedad que se proponía combinar el aporte de capitales privados y estatales.
Con ello, Perón ambicionaba poner iniciar un nuevo modelo de organización empresarial centrado en la colaboración entre el estado y el empresariado para la dirección de los servicios públicos y algunos emprendimientos industriales.
EMTA se hizo cargo de la administración de la telefonía durante un breve pero complejo período. Las sociedades mixtas fueron presentadas por el peronismo como una forma de combinar “armónicamente” el impulso del estado y la iniciativa privada.
Con el ascenso de Perón al poder en 1946 se iniciaron profundos cambios institucionales en la intervención del estado en la economía.
El decreto 15.349 estableció un conjunto normativo que fijaba bases amplias para la organización de empresas mixtas.
La norma no reconocía los antecedentes ni explicitaba sus fuentes jurídicas, con lo que su interpretación es más compleja.
Según esta legislación, la empresa mixta era aquella constituida entre el estado (sea nacional, provincial y municipal) y el capital privado, cuyo propósito consistiera en satisfacer necesidades colectivas o bien promover nuevas actividades económicas.

La primera nacionalización del peronismo

Las tratativas para la nacionalización de la UT fueron realizadas con gran reserva por el ministro de Hacienda Ramón Cereijo, sin la injerencia de Miranda, quien como conductor de la política económica lideró las negociaciones económicas más importantes de la posguerra.
Los contratos de nacionalización fueron firmados el 3 de septiembre en un acto encabezado por Perón, Cereijo, el coronel Sosthenes Behn, presidente de la Corporación Internacional de Teléfonos y Telégrafos de Nueva York, el encargado de los negocios para Sudamérica de la ITT, Bill Arnold, y el embajador norteamericano George Messersmisth.
Los convenios firmados por Perón y Behn establecieron que el Estado argentino adquiría los activos de la empresa por 319 millones de pesos moneda nacional -unos 95 millones de dólares- que serían abonados en Nueva York.
Asimismo el gobierno tomaba a su cargo el rescate de bonos en circulación, que totalizaban una suma de 131 millones de pesos.
En el mismo acto, se firmaron dos contratos ad referéndum del Congreso por medio de los cuales, la ITT era contratada para el asesoramiento técnico, con una retribución anual del 3 % de los ingresos brutos de la empresa nacionalizada durante los primeros cinco años, y del 2,5 % en el segundo lustro.
Otro contrato establecía que la Standard Electric Argentina S.A., una empresa de la ITT creada en 1925 y que acababa de inaugurar una moderna fábrica, suministraría el material telefónico durante diez años a un precio 10% mayor a los costos de producción.
De esta manera, la ITT continuaría ejerciendo un papel central en el asesoramiento técnico y organizativo de la telefonía pública, y monopolizaría el suministro de equipos.
En la ceremonia, Perón sostuvo que luego de varios y fallidos proyectos se llegaba a un acuerdo de nacionalización de la empresa, que consideraba “muy favorable” por el precio de adquisición y por los contratos de provisión de tecnología.
Por su parte, Cereijo afirmó que el monto abonado era “muy inferior al valor actual de los bienes de la empresa”, que según los informes de los peritos de ambas partes oscilaba entre los 500 y 700 millones de pesos.
El acto terminó con muestras de cordialidad entre Perón y Behn, quien recibió una reproducción del sable del general José de San Martín.
Si bien el gobierno presentó la adquisición de la UT como un éxito, la operación levantó controversias en los círculos locales y extranjeros.
El acuerdo constituyó un triunfo importante del embajador norteamericano, quien logró que se realizara una importante operación comercial entre ambas naciones, luego del feroz enfrentamiento diplomático durante la Segunda Guerra Mundial.
Y si bien el precio abonado por el gobierno argentino era menor a lo demandado por sus dueños, los contratos adicionales aseguraban grandes ganancias para la ITT y hacían la operación completamente satisfactoria.
La embajada británica, atenta a una operación que constituía un antecedente clave en la negociación que por entonces se realizaba para la venta de las empresas ferroviarias, remitió al Foreign Office la opinión del director de la Corporación de Bancos Suizos quien sostuvo que la operación era “un excelente negocio”:

Han obtenido un buen precio, reteniendo no sólo el control operacional sino también el control de todas las compras de la empresa durante los próximos diez años, lo cual es mucho más importante.Sobrecargando los precios de las futuras compras, podrán aumentar enormemente las ganancias provenientes de esta transacción.

En los círculos locales, la compra de la UT generó una serie de controversias por el precio de la operación y los contratos de provisión de equipos y asesoramiento técnico.
Los tres acuerdos fueron convertidos en Ley 12.894 por el Congreso en septiembre de 1946.
La revista Qué, un órgano que criticaba desde posiciones progresistas al peronismo, puntualizó sus dudas especialmente sobre el precio de la operación, teniendo en cuenta la valuación de los activos de la empresa, un tema que ya había merecido la impugnación del ingeniero Juan Sábato en 1945 y que había conducido al gobierno militar a anular el sistema acordado con la compañía. Qué señalaba que los activos de la empresa eran notoriamente inferiores que los que se suponía teniendo en cuenta el costo de origen, la depreciación producida, y la obsolescencia tecnológica.
Aunque estaba a favor de la “recuperación económica” que implicaba la nacionalización señalaba su preocupación por el costo y las obligaciones contraídas.
En cambio, el semanario liberal Economic Survey rechazó la nacionalización ya que consideraba que el control de los teléfonos no era una prioridad ni siquiera por cuestiones de defensa nacional. Para la revista “la imputación más grave a los actuales contratos radica en el hecho de que establece un monopolio a favor de la Standard Co. que quizás podrá resultar más costoso para el país que cualquier precio que a raíz de una expropiación resultase necesario pagar por la Unión Telefónica”.
Teniendo en cuenta que se esperaban grandes ampliaciones en la red telefónica, la creación de un monopolio a favor de la subsidiaria de la ITT era una concesión inexplicable ya que aseguraba grandes ganancias a una empresa que en otros países había enfrentado la competencia de otros gigantes como la Ericsson sueca, y porque el gobierno argentino no podría controlar los costos de la producción de la empresa, debido a que al menos inicialmente la mayoría de los insumos serían importados.

La experiencia de la EMTA 

A partir de la nacionalización la administración de la empresa fue conferida a un interventor,
Alberto Fretes, subgerente del Banco Central, que ejerció el cargo hasta su constitución como sociedad mixta.
En diciembre de 1946 asumió el primer directorio que quedó integrado por Fretes como presidente, Luis Gay como vicepresidente y Arturo Sainz como director.
Todos ellos fueron designados por Perón sin mayores consultas.
La medida recibió la censura de la prensa que denunció la falta de representatividad de los accionistas privados.
La tarea del primer directorio fue breve ya que, en abril de 1947, el gobierno removió a todos los miembros que fueron acusados de actos de corrupción por el pago de sobreprecios para la adquisición de camiones y propiedades inmuebles, y los reemplazó por un nuevo Consejo de Administración también designado exclusivamente por el Poder Ejecutivo.
Finalmente, en abril de 1948, el Estado Federal quitó la personería jurídica a la EMTA y transfirió sus bienes al patrimonio público.
De esta forma, los años iniciales de la telefónica nacionalizada estuvieron marcados por una gran inestabilidad de sus cuadros directivos.
La estructura organizativa de EMTA no sufrió grandes modificaciones a la que imperaba en la UT.
Un administrador general y un subadministrador estaban a cargo del gerenciamiento y de las relaciones con la Dirección General de Correos y Telégrafos, que era el interlocutor específico con el Estado federal.
Por debajo del Administrador General y del Subadministrador, se encontraban siete departamentos (Financiero, Técnico, Comercial, Plantel, Tráfico, Relaciones Públicas y Legal), que asesoraban sobre los aspectos específicos del servicio prestado por la empresa.
Este tipo de organización era similar a la que tenían otras subsidiarias de la ITT y otras empresas telefónicas como la Ericsson.
Hasta 1946 la mayor parte de las funciones técnicas de la empresa eran conducidas por empleados norteamericanos.
Sólo las más sensibles a los vínculos con el Estado, como el Departamento de Asuntos Legales, quedaron en manos de personal argentino.
Luego de la nacionalización, estos técnicos extranjeros fueron reemplazados progresivamente por personal argentino.
Pero su vínculo con la empresa continuó ya que pasaron a formar parte de la Junta Asesora que la ITT debió integrar en el marco del contrato firmado con el gobierno.
En diciembre de 1946, EMTA inició la colocación de acciones en el mercado bursátil por unos 150 millones de pesos, lo que sumado a 50 millones reservados para la Caja Mutual de los telefónicos, constituía el aporte inicial del capital privado.
Inicialmente el interés de los inversores parecía asegurado ya que EMTA ofrecía beneficios garantizados del 4%.
El mercado bursátil se mostró muy interesado y las acciones fueron colocadas sin mayores inconvenientes.
La empresa recibió también créditos del gobierno a través del Banco de Crédito Industrial y del Banco Central destinados al rescate de los bonos de la UT de las series 1937 y 1946, respectivamente.
Pero, como había previsto la oposición, no se resolvió el mecanismo por medio del cual la EMTA retornaría parte de los capitales aportados por el Estado para su nacionalización.
Al iniciarse la posguerra la EMTA enfrentaba importantes desafíos.
En primer término, debía responder a la creciente demanda por la ampliación de los servicios, debido a que durante la Guerra el número de teléfonos instalados había descendido desde un promedio anual de 26 mil aparatos entre 1938-1939 a sólo 15 mil entre 1943 y 1945.

También se esperaba debido a la recuperación económica y el bajo costo de la tarifa telefónica.
El mantenimiento del sistema de tarifas mensuales, que permitía realizar un número ilimitado de llamadas por línea, y el mantenimiento de las tarifas, estaba provocando un uso intensivo del servicio por cada teléfono instalado.
Ya en 1937 las llamadas por teléfono en Buenos Aires alcanzaban un record mundial, 16 comunicaciones diarias, contra 13 en Londres (donde operaba una empresa pública) y solo
6, 5 y 4 en Los Ángeles, Nueva York y Chicago respectivamente.
Esta tendencia se acentuó durante los años de la II Guerra.
En conjunto, el efecto combinado del descenso del número de teléfonos instalados, el atraso de tarifas y las perspectivas de recuperación económica se traducía en una creciente demanda insatisfecha.
Para 1945, se estimaba que había unos 137 mil pedidos de instalación demorados.
Para cubrir esta demanda, se consideraba que debían realizarse grandes inversiones.
Entre 1946 y 1948, se hicieron algunos esfuerzos destinados a modernizar y ampliar la red.
La inversión en activo fijo ascendió aunque enfrentó dificultades debido a la escasez de material telefónico, y a partir de 1948, en la falta de divisas.
La instalación de teléfonos recuperó los niveles de preguerra, para alcanzar un record de 42.350 en 1947, que serían superados en 1949 y 1950, cuando la empresa quedó ya bajo completo control estatal. El número de teléfonos ascendió desde unas 530.232 en 1946 hasta 599.262 en 1948, un 13%.
Ese año, con la conversión de la Central Mitre al sistema automático, Buenos Aires se convirtió también en una de las pocas ciudades en el mundo que poseía todos los teléfonos automáticos. Claro que el incremento no logró satisfacer los pedidos de líneas y teléfonos.
Para 1949 las solicitudes de teléfonos pendientes alcanzaban un record de 267 mil.
Hacia finales de la década se produjo un grave estrangulamiento en la capacidad de las centrales telefónicas de Buenos Aires que se veían sobrepasadas por las líneas conectadas.
Al mismo tiempo, los programas destinados a instalar cabinas públicas, que se pensaba permitirían descongestionar parcialmente el sistema y mejorar los ingresos de la EMTA, habían avanzado muy poco.
Una segunda cuestión estaba centrada en el manejo del personal.
Los trabajadores telefónicos tenían una larga tradición de lucha en el movimiento obrero y de reivindicaciones que requerían alguna respuesta.
La Federación Obreros y Empleados Telefónicos, fundada en 1929, era liderada por Luis Gay, quien además encabezaba el Partido Laborista, fuerza política organizada por los gremios que habían apoyado la candidatura de Perón.
Las relaciones entre el sindicato y la empresa habían conocido momentos de gran enfrentamiento. La aplicación de una férrea disciplina y el despido de agentes durante la Gran Depresión, cuando se introdujeron los equipos automáticos, habían alentado las huelgas y la sindicalización.
El conflicto más importante estalló en 1932, cuando una huelga del personal se prolongó por 52 días, generando importantes pérdidas para la firma y un grave conflicto social.
En los años iniciales, Perón no sólo no controló las demandas sindicales sino que a menudo acompañó las reivindicaciones.
Los trabajadores telefónicos conquistaron beneficios sociales y un nuevo escalafón.
Sólo en el primer año, los salarios promedios ascendieron un 63%.
Pero al año siguiente, tras la intervención de la Confederación General de Trabajo sobre el sindicato, el aumento se limitó a un 13%.
Al mismo tiempo, entre 1945 y 1948, el personal empleado ascendió un 43%.
Este incremento se vinculaba con los planes de expansión de la red y también con los beneficios sociales acordados a los empleados, pero parece claro que la empresa afrontaba riesgos considerables.
El aumento del personal se producía en todos los departamentos y no sólo entre los operarios dedicados a la instalación de equipos.
Un informe de la ITT recomendaba a su directorio vigilar este proceso y tomar “las medidas necesarias para evitar la continuación de esta tendencia ascendente con el fin de mantener la operación eficiente de la Entidad”.
El aumento era similar al que afectaba otras empresas públicas como los ferrocarriles y la Compañía de Transportes de Buenos Aires, problema que muy pronto iba a requerir la atención del gobierno.
La Junta de Asesoramiento de la ITT lamentó la reversión de la tendencia al incremento del empleo femenino, que cayó del 39% al 35,6% entre 1946 y 1948, afectando incluso departamentos donde predominaban las mujeres, como el de atención al público.
El incremento de los sueldos tuvo un impacto negativo sobre las finanzas de la empresa, ascendiendo, entre 1946 y 1948, desde el 42% al 58% de los egresos totales.
A ello se sumaron otros incrementos en los gastos de explotación.

Como se observa en el cuadro, entre 1945 y 1948, mientras los ingresos treparon un 35%, los egresos ascendieron un 82%.
Los resultados netos de explotación, es decir los beneficios previo pago de intereses e impuestos, se redujeron ostensiblemente.
Como resultado de ello, la compañía pasó de obtener ganancias en 1946 y 1947, a una pérdida de 9 millones de pesos en 1948 cuando ya estaba en manos del Estado.
Esta era la primera vez en la historia de la empresa desde 1886 que arrojaba pérdidas.
La solución recomendada por la Junta era proceder a un incremento de las tarifas.
Además, la EMTA no logró conformar un grupo de técnicos que pudiera reemplazar a los técnicos norteamericanos.
En este aspecto, los datos disponibles son parciales, pero significativos.
A mediados de 1947, World Report publicó una nota en donde los miembros de la Junta Asesora de la ITT se quejaban de que el directorio de EMTA no prestaba la atención requerida a sus recomendaciones.
Un alto empleado de la UT, el ingeniero Ricardo Mulleady, que permaneció en la empresa hasta su retiro en 1949, recordaría años más tarde que:

En pocos meses, los nombrados arrasaron con todo el personal administrativo y parte del personal técnico, despejando el campo para cometer toda clase de desaciertos e irregularidades, que alarmaron y afectaron al personal en toda su disciplina.En mi carácter de ingeniero jefe me tocó presenciar el principio de la ‘debacle’ cuando la entidad se llamaba EMTA y era dirigida desde el Banco Central, aunque tenía un directorio.

La cuestión económica y la organización adoptada por la empresa parecieron ejercer una influencia determinante en el fracaso de la experiencia.
Durante el año y medio de existencia de la EMTA, la expansión del servicio se concentró fundamentalmente en el conurbano bonaerense, donde a lo largo del período de guerra había quedado relegado frente el fuerte crecimiento poblacional producto de la migración interna.
La nueva política no implicó inicialmente mayores cambios en cuanto a la regulación pública del sector, que se mantuvo acotada a los decretos de 1935 (reafirmación de la jurisdicción federal para redes interprovinciales e internacionales y obligatoriedad de interconexión) y 1936 (calidad de servicio público, condiciones de explotación y control tarifario).
Y en general no afectó al resto de las empresas y cooperativas telefónicas del país, que continuaron prestando sus servicios acorde a ello y en base a los mismos “precarios” permisos municipales o provinciales con los que contaban.
El control estatal a través de la designación del directorio generó desinterés de los inversionistas privados, sobre todo luego del descubrimiento de las irregularidades en abril de 1947.
Si bien la Justicia ordenó el procesamiento y la condena de los miembros del directorio, con la excepción de Luis Gay, el manejo de la empresa no mejoró.
El gobierno intervino EMTA por decreto y sólo en diciembre de ese año designó nuevos directores, pero nuevamente sin consultar a los accionistas privados.
Al parecer fue entonces cuando éstos comenzaron a desprenderse de los títulos, una tendencia que continuaría durante 1948.
Cuando a mediados de ese año, se produjo una crisis bursátil que obligó al gobierno a intervenir, la desconfianza se agravó.
La creación de Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (IMIM), una entidad mixta que tenía el propósito de regular el mercado de valores y evitar las operaciones especulativas, levantó sospechas de que el gobierno absorbería títulos privados, y avanzaría en el control de las empresas.
Y si bien el IMIM estableció un límite de 40 millones para la adquisición de acciones de las sociedades mixtas, un monto menor a los valores de las sociedades mixtas autorizadas, los temores no se disiparon.
En noviembre de 1947, el IMIM adquirió al Banco Industrial acciones de EMTA por 15 millones de pesos y dispuso su reventa.
En la pérdida de interés de los inversores privados en EMTA, parece haber jugado un papel importante la decisión oficial de otorgar una intervención importante a los trabajadores; en efecto no sólo se le aseguraba una participación en los beneficios, sino que contaron con un importante representante en el directorio que sería el vicepresidente Gay.
A ello se sumaron los rumores sobre las pérdidas que arrojaba la empresa debido al incremento de gastos de explotación, y que los mismos no fueran desmentidos oficialmente.
La falta de información consistente sobre la situación patrimonial y financiera de la firma acentuó la desconfianza en el mercado.
Muy pronto el futuro de la EMTA ingresó en un cono de sombras.
En julio de 1947 se filtró la noticia de que Perón y Miranda estudiaban soluciones al problema como el incremento tarifario, el reemplazo progresivo del servicio de abonos mensuales por tarifas específicas mediante la instalación de medidores y adopción de otras recomendaciones de la Junta Asesora.
Después del desplazamiento del primer directorio, el vínculo de trabajo entre la Junta y las nuevas autoridades mejoró sensiblemente.
Ya entonces, se estudiaba una salida más radical a la delicada situación económica y financiera; “solicitar a la ITT que vuelva para colaborar en la administración de la empresa durante un año o dos, mientras el personal de la EMTA aprende el negocio”.
Se trataba de un giro temerario para un gobierno que se inclinaba cada vez más hacia posiciones nacionalistas.
Como advertía World Report, era “lo que hizo el gobierno de España después de adquirir una propiedad de la ITT”.
Por lo tanto, se conjeturaba que podía ser también un camino del gobierno de Perón.
Finalmente, Perón decidió disolver la sociedad mixta.
El 18 de marzo de 1948, por medio del decreto 8.104, retiró la personería jurídica a la EMTA.
El ministro del Interior y dirigente sindical, Ángel Borlenghi, justificó la medida porque “el capital privado no demostró tener interés suficiente para intervenir en la financiación y sostenimiento de la EMTA porque ese capital privado no tiene ningún interés económico sino político: el de dirigir la empresa”.
El ministro aseguró que en adelante “se prestará el servicio en la misma forma en que se prestan otros como Correos y Telecomunicaciones.
No se admitirá ninguna intervención económica, y mucho menos en la administración de los servicios”.
Como se observa, la concepción oficial sobre el papel del capital privado era muy particular ya que tomaba distancia de su propia propuesta de sociedad mixta, que concebía que el interés privado sería esencial para mejorar la rentabilidad y eficiencia del negocio.
Sin mayor participación y frente a un empeoramiento de los resultados de la EMTA, era difícil esperar un mayor interés de los capitalistas.
El decreto 8.104 estableció que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda debían acordar la forma del rescate de las acciones de capital privado.
En mayo se establecieron los tiempos para el rescate de 150 millones de pesos en acciones y 66,9 millones en obligaciones.
Sólo una parte de las acciones estaban en manos del IMIM, que en mayo se desprendió de valores por unos 28 millones de pesos.
La breve experiencia de la EMTA tocaba su fin y se iniciaba la etapa como empresa pública.
La tendencia a manejar la firma como un organismo estatal que ya se percibía en el control oficial sobre el nombramiento de todos los directores de la EMTA, se acentuaría hasta convertir a la empresa telefónica más importante de la región en un organismo burocrático estatal.
La transferencia al Estado era el momento final de un proceso breve en el cual el proyecto de crear una sociedad mixta, donde el capital privado aportara el capital y el incentivo necesario para hacer eficiente el servicio, se había visto sometido desde su inicio a la influencia dominante del Estado.
En el momento de su estatización, EMTA continuaba siendo muy importante a escala regional representando para 1948 el 38% de los teléfonos de Sudamérica.
Ocupaba el noveno lugar entre las empresas públicas telefónicas del mundo detrás de Inglaterra, Francia, Rusia, Suecia, Japón, Australia, Suiza y Holanda.
Otros índices, en cambio, mostraban el deterioro del sistema, la empresa argentina era la cuarta por el número de llamadas anuales por teléfono, detrás de Cuba, Brasil y Egipto, lo que revelaba la falta de expansión del servicio y la incongruencia del sistema tarifario adoptado.
El gobierno de Perón ordenó crear Teléfonos del Estado, una empresa pública que prolongaría su desempeño hasta las privatizaciones de la década de 1990.
Las nuevas autoridades tomaron algunas medidas destinadas a acelerar la expansión del sistema y mejorar su desempeño financiero.
En enero de 1949, de acuerdo con la nueva orientación de la política económica, se elevaron las tarifas.
Desde su origen, Teléfonos del Estado se vio sometido a la lógica burocrática estatal.
El decreto 8.104/48 ordenó que a la Administración General de Correos y Telégrafos tomara a su cargo el servicio.
Un año más tarde, en febrero de 1949, con la creación de la Secretaría de Comunicaciones, se ordenó la constitución de la Dirección General de Teléfonos del Estado y se transfirieron las funciones desempeñadas por el Director de Correos y Telégrafos al nuevo Director de Teléfonos.
Ese mismo año, la reforma de la Constitución cristalizó la nueva concepción, impuesta por un sector del peronismo, profundamente nacionalista.
El artículo 40 afirmaba que:

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación.Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

Con ello se excluía la posibilidad de que el Estado realizara nuevas concesiones a empresas privadas o que se incorporaran socios privados.

Fuentes

* Redes de información: Las telecomunicaciones en la Argentina de 1855 a 1936 Ing. Gustavo Giuliano
* Intereses públicos y privados en el origen y desarrollo de la telefonía en la Argentina: del negocio privado al dominio estatal (1878-1955) Gustavo Fontanals Universidad de Buenos Aires
* History of the telephone and telegraph in the Argentine Republic Victor Berthold
* Historia de las Comunicaciones Argentinas Fundación Standard Electric Argentina
* Peronismo, nacionalizaciones y sociedades mixtas. El fracaso de la Empresa Mixta Telefónica Argentina, 1946-1948 Claudio Belini CONICET-UBA Instituto Ravignani
* Wikipedia y Wikimedia